on cuestionamientos de fondo, el legislador provincial Federico Greve cuestionó con dureza la intervención nacional sobre el puerto de Ushuaia y sostuvo que la medida no reúne las condiciones jurídicas necesarias para ser aplicada. Desde una mirada legal e institucional, advirtió que la resolución presenta contradicciones internas y vulnera normas constitucionales y acuerdos vigentes entre la Nación y la Provincia.
Greve explicó que la intervención avanza sobre competencias que corresponden a Tierra del Fuego y remarcó que los recursos generados por la actividad portuaria están siendo utilizados por fuera del marco legal. En ese sentido, afirmó que “esta intervención está utilizando bienes del puerto y cobrando tasas que, por ley, pertenecen a la provincia y deben reinvertirse en el propio puerto”, y cuestionó que esos fondos “vayan a una cuenta de Nación sin que se sepa en qué se usan ni cuál va a ser el destino de ese dinero”.
El legislador sostuvo que la Agencia Nacional de Puertos está ejerciendo funciones que no le corresponden y calificó la medida como una intervención encubierta. Al respecto, señaló que “lo que está haciendo la Agencia Nacional de Puertos es usurpar funciones que, conforme a la Constitución y al convenio firmado en 1992, corresponden exclusivamente a la Dirección Provincial de Puertos”, y agregó que la provincia es la titular legítima tanto del manejo como de los ingresos del puerto.
Greve también cuestionó el modo en que se implementó la medida y puso en duda los argumentos oficiales. Según explicó, “si la situación del puerto fuera tan grave como se dice, no se entiende por qué sigue funcionando con normalidad y recibiendo cruceros y buques de gran porte”, y advirtió que la resolución “se dictó de madrugada, sin explicaciones claras a los trabajadores ni a las autoridades provinciales”.
En relación con el proceso judicial iniciado por la Provincia, el legislador detalló que la Justicia aún no se expidió sobre el fondo de la cuestión. En ese marco, indicó que “el juez todavía no resolvió ni la competencia ni la inconstitucionalidad de la resolución, por lo que es falso decir que el reclamo fue rechazado”, y consideró que existe una campaña de desinformación en torno al estado del expediente.
Greve planteó además que la intervención podría esconder un objetivo económico más profundo. “Cuando uno ve que se quedan con una caja que factura alrededor de 20.000 millones de pesos al año, es inevitable sospechar que hay un interés económico detrás”, sostuvo, y agregó que “si convalidamos esto, mañana pueden intervenir otros puertos del país y quedarse con toda la trama productiva portuaria”.
El legislador remarcó que la resolución se apoya en fundamentos que, a su entender, no se sostienen jurídicamente. En ese sentido, afirmó que “no hay ninguna denuncia penal por malversación de fondos, no hubo desvío de recursos y el puerto sigue funcionando”, y calificó la medida como “un mamarracho jurídico que es inconstitucional por donde se la mire”.
Finalmente, Greve reclamó una reacción institucional más amplia frente a la situación y adelantó que impulsará iniciativas legislativas. “Voy a presentar una resolución para repudiar la intervención y un pedido de informes al interventor para saber qué hacen con la plata, a dónde va y quién la maneja”, señaló, y sostuvo que se trata de un tema trascendental que “excede cualquier diferencia partidaria y afecta a todos los fueguinos”.
